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Fotos de Manatí

Por José Molinelli Freytes
Geomorfólogo
El Nuevo Día  Sábado, 19 de noviembre de 2005

Manatí - Están vivos de milagro, perdieron sus casas, su salud emocional y todavía permanecen en un limbo burocrático que los ha dejado solos. El próximo miércoles, 23 de noviembre, se cumple un año de los devastadores despeños de la urbanización Los Rosales II ubicada en el municipio de Manatí. Cuatro casas fueron pérdida total y al menos cuatro más sufrieron daños considerables que obligaron el desalojo de las familias que residían en el área afectada.

El cerro que se despeñó se mantuvo de pie, erguido, sólido, protuberando sobre la roja tierra manatieña por cientos de miles de años. Aguantó con firmeza la humedad erosiva de la lluvia, resistió el embate de los vientos huracanados, fue estremecido por los sismos, calcinado por el Sol tropical y a pesar de todo siempre se mantuvo firme y estable. A través de la historia, en el abra que define su valle se taló la vegetación original y se sembró la caña de azúcar. Luego se abandonó la agricultura y se construyó una urbanización que alteró su topografía, incluyendo la estabilidad de sus terrenos.

Eran la 7:45 de la mañana y aunque había llovido por varios días nadie esperaba que la ladera se desplomara súbitamente y sin aviso. La mayoría de los residentes ya iba de camino a sus trabajos y los niños ya estaban en la escuela cuando los inmensos bloques de roca caliza de la formación Aymamón se despeñaron desde el tope de un cerro hasta el patio posterior de ocho residencias que sufrieron daños mayores. 

A un año del desastre los residentes afectados están en el mismo lugar que comenzaron. Como han pasado más de 10 años desde que se entregaron las residencias, el desarrollador y todos los relacionados con el proyecto no pueden ser demandados por vicios de construcción, los seguros no cubren daños por despeños y otros movimientos de masas terrestres, el Departamento de Vivienda no les puede ayudar porque son familias trabajadoras de clase media y el término del Municipio para solicitar ayuda formal a FEMA, ya venció. 

Los $600,000 que se asignaron del Fondo de Emergencia por orden ejecutiva de la entonces gobernadora Sila María Calderón han financiado el alquiler de las viviendas temporales de los residentes, los estudios geológicos, los vuelos de helicóptero y otros gastos sin que en realidad haya habido acciones efectivas para proveer una vivienda permanente a estos ciudadanos. Han ido a Fortaleza pidiendo el mismo trato que se les ha dado a los residentes afectados por los recientes derrumbes de Lares para los cuales el gobierno anunció que adquirirá las propiedades afectadas a su costo original.

La ansiedad y preocupación de estos ciudadanos es compartida por los residentes de otras comunidades del área de Manatí. Cerca de este lugar, en la urbanización Monte Verde, tres residencias fueron pérdida total como consecuencia de la formación de sumideros de colapso que se tragaron el patio posterior de las residencias dejándolas literalmente en el aire. A poca distancia de esta área, la comunidad Parcelas Márquez también ha sufrido el efecto recurrente de los sumideros de colapso que han afectado a numerosas viviendas del sector, y lo mismo ha ocurrido a través de muchas de la comunidades ubicadas en la región del carso, particularmente la que se extiende desde Manatí hasta Vega Baja. 

No cabe la menor duda de que la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y demás agencias gubernamentales no debieron haber aprobado la construcción de estos proyectos en estos terrenos ya que su condición geológica presenta un alto grado de peligrosidad que no fue evaluada adecuadamente. Sin embargo, a pesar de que pensaríamos que todos estos eventos son lo suficientemente claros como para indicar el alto grado de peligrosidad que conlleva la ubicación de nuevos proyectos residenciales en estos terrenos, la realidad es que el Municipio de Manatí proyecta la construcción de cientos de viviendas adicionales en los terrenos susceptibles a colapso ubicados en áreas dedicadas al cultivo de la piña entre Manatí y Vega Baja. El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manatí, aprobado por la Junta de Planificación, ha clasificado estos terrenos como suelo urbano programado y no programado. Los primeros se cubrirán de cemento durante los próximos años, y cuando estos se acaben se utilizarán los no programados para desarrollo inmediato. 

¿Quiénes fueron los “planificadores” que propusieron y aprobaron tal uso violando las propias políticas que establece la Junta de Planificación dentro de sus Objetivos y Políticas Públicas del Uso de Terrenos de Puerto Rico? ¿Cómo es posible que la Junta de Planificación haya aprobado tal Plan? ¿Qué responsabilidad personal tiene el Presidente de la Junta de Planificación al aprobar un plan que viola la ley y las políticas públicas establecidas? ¿Por qué se sigue aprobando proyectos en lugares inapropiados sabiendo las consecuencias adversas en cuanto a la creciente vulnerabilidad a desastres y la preservación efectiva del ambiente? ¿Quién protege al comprador de una vivienda en una urbanización que luego de vivir en ella la pierde porque nadie es responsable? ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá violando las propias leyes que le regulan? 

Hay que detener las acciones desacertadas que incrementan nuestra vulnerabilidad a desastres. Hay que proteger a los ciudadanos de las malas decisiones de planificación en la región del carso entre Manatí y Vega Baja, y revocar la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Manatí que, más que ordenar, desordena el uso sustentable y sensato de nuestros recursos naturales. Hay que implantar un plan que promueva la reconstrucción del Pueblo de Manatí y no la destrucción de sus campos. La Autoridad de Tierras no puede ser cómplice del traspaso de terrenos de alto potencial agrícola, y problemáticos para la construcción, para enriquecer más a los proyectistas. 

Hay que crear legislación para que los responsables paguen. Hay que procesar judicialmente a los ingenieros y contratistas que omitieron información o sometieron información falsa sobre las características de los terrenos a desarrollarse con el fin de obtener permisos de construcción fraudulentos. Hay que responsabilizar a los funcionarios de gobierno que incumplieron con su deber ministerial al conceder permisos inapropiados en zonas de alto riesgo. Hay que establecer una unidad de investigación de delitos ambientales para proteger a los ciudadanos víctimas de estos esquemas fraudulentos.

Me indigna la complicidad silente y ciega de los funcionarios cuya responsabilidad es la de planificar inteligentemente nuestro país.